Cerca de una hora y media después de dar inicio, el Pleno ordinario de la Diputación correspondiente al mes de junio, que ha contado con la única ausencia de la representante del grupo mixto-IU, Ana Peñalosa, llegaba a su fin tras una de las sesiones más tranquilas de los últimos meses, en la que el único debate ha llegado en el punto dedicado a los asuntos de urgencia, donde han sido abordadas una moción conjunta presentada por los grupos popular, socialista y grupo mixto-IU y dos mociones elevadas al Pleno por el grupo socialista.
Así, después de recordar a las víctimas de la violencia de género y, en el día de hoy, lamentar también la noticia del fallecimiento del Carlos García, exconcejal de Vox en El Espinar, la sesión comenzaba dando luz verde a distintas cuestiones abordadas en las Comisiones de Recursos Humanos, Gobierno Interior y Administración General y de Acción Territorial y Asistencia a Municipios, entre las que destacaba la aprobación de la modificación del convenio tipo entre la institución provincial y diversos ayuntamientos para la cofinanciación de la ejecución de obras de estaciones depuradoras. “Se trata de una modificación para facilitar a los ayuntamientos el librar las cantidades parciales”, aclaraba el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, instantes antes de dar paso al turno para las mociones.
Era aquí donde comenzaba el intercambio de opiniones que, en primer lugar, enfrentaba a populares y socialistas con el representante del grupo mixto-Vox. Y es que, la moción conjunta presentada por los grupos popular, socialista y mixto-IU era entendida por Pedro Varela como “no un simple apoyo a que cualquier persona pueda tener la manifestación sexual que desee, sino como conceptos enmarcados en la ideología de género”. “Consideramos que puede ser un adoctrinamiento”, matizaba, frente a la opinión popular y socialista de que la propuesta aboga por la “libertad, la diversidad y el respeto; ni más, ni menos”, en palabras del portavoz socialista, Máximo San Macario, y por “principios y valores”, como señalaba el propio Miguel Ángel de Vicente. El presidente de la institución provincial, que acababa solicitando que el manifiesto sea trasladado a los ayuntamientos de la provincia, insistía en que las líneas recogidas en el texto forman parte de “un trabajo que venimos realizando desde hace muchos años en la Diputación, ya que creemos que la diversidad es un rico componente de la propia sociedad segoviana y que debemos seguir educando en igualdad, respeto y tolerancia”.
Las leyes estatales de fondo en el debate de las dos mociones restantes
Menos consenso adquirían las dos propuestas restantes, presentadas por el grupo socialista para, primero, aprobar un protocolo provincial de gestión de las colonias felinas y, en segundo lugar, instar a la Junta de Castilla y León a ejecutar un plan de refuerzo de la Atención Primaria durante los meses de verano. Ambas eran rechazadas, tanto por el grupo popular como por Pedro Varela, sumando dieciséis votos en contra por los ocho a favor del grupo socialista, y en ambas propuestas adquirían protagonismo de fondo las leyes y las competencias estatales.
Por lo que respecta a las colonias felinas, la diputada socialista Lucía Otones argumentaba que, tras la entrada en vigor de la llamada ‘Ley del bienestar animal’, “en el último mes los ayuntamientos han recibido un escrito sobre la gestión de las colonias felinas que ha encendido las alarmas porque no cuentan con recursos”. Su petición se encontraba de frente con las respuestas de Pedro Varela y de la diputada popular, titular del Área de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, quienes le recordaban que “quien ha hecho la ley no ha dotado de recursos económicos a la Administración local para que pueda aplicarla” y afirmaban que “no es viable ni efectiva la moción; ni en términos económicos ni ejecutivos”. Rodríguez, además, añadía que los protocolos provinciales no pueden confrontar la normativa autonómica y que el acceso a las subvenciones puestas en marcha desde el Gobierno central a estos efectos es “incierto”, por los complicados requisitos a los que son instados los ayuntamientos.
Finalmente, la moción acerca de la asistencia sanitaria en el medio rural tampoco encontraba la aprobación del grupo popular y el grupo mixto-Vox, que, a través de sus portavoces, José María Bravo y Pedro Varela, ponían en relieve el trabajo de la Junta de Castilla y León y de la Consejería de Sanidad. Mientras la diputada socialista Gloria Hernando hablaba de una “situación alarmante” con “centros sanitarios cerrados o con escasamente una vez al mes asistencia presencial”, tanto Bravo como Varela, además de hacer alusión a una falta de medidas y de plazas MIR que corresponde al Gobierno central, recordaban a la bancada socialista que “Castilla y León, con más del veinte por ciento del presupuesto dedicado a Sanidad, es la Comunidad Autónoma que más inversión dedica a Servicios Sociales, Educación y Sanidad”. José María Bravo reprochaba al grupo socialista que el Gobierno de Pedro Sánchez no apueste por una EBAU única que, en su opinión, minimizaría el problema de la falta de médicos residentes y criticaba también que “hace un mes nos decían que anuláramos consultorios médicos y ahora nos dicen que están cerrados”.
Poniendo fin al debate, Miguel Ángel de Vicente tomaba la palabra para manifestar que “utilizar los servicios públicos como arma arrojadiza crea más alarma social que otra cosa” y para puntualizar que la situación recogida en la moción “ni siquiera fue trasladada ayer en el debate del estado de la Región a las Cortes de Castilla y León, que es donde está la competencia”.
